Para que su extracción sea posible sin efectos no deseados, es necesario conocer con precisión la diversidad de aspectos que concurren en el estudio del agua, que son necesarios para planificar su utilización y hacer un uso sostenible del mismo, y que compatibilice su conservación con el desarrollo socio-económico. Cuando no ha sido así, se han originado graves problemas, especialmente por falta de agua disponible (en cantidad y/o calidad), lo que ha afectado tanto a la población como a la economía y al medio ambiente (espacios naturales, zonas húmedas, etc.).     En las últimas décadas del siglo XX, sobre todo a partir de los años sesenta, se realizó un gran esfuerzo de investigación con nuevos métodos y nuevas tecnologías, que ha permitido: catalogar los principales acuíferos; definir su geometría; determinar los parámetros hidrogeológicos y el funcionamiento hidrodinámico de cada uno de ellos; cuantificar los recursos y las reservas hídricas, así como el grado de explotación y su disponibilidad; caracterizar su composición físico-química e identificar los principales problemas: explotación intensiva (que puede alcanzar la sobreexplotación), contaminación por nitratos, fertilizantes o plaguicidas, por intrusión de agua de mar en el caso de los acuíferos costeros, por hidrocarburos o metales pesados provenientes de la industria, por lixiviados de residuos urbanos e industriales, etc.     Los  avances  científicos  producidos  durante  esos  años (1968-1985)  y  las  situaciones  nuevas  que  se  iban originando —aumento de las explotaciones, fenómenos de contaminación, etc.—, no estaban soportadas por una legislación  acorde  con  la  nueva  coyuntura.  La Ley vigente en esos años no contemplaba, con el rigor y profundidad suficiente,   aspectos  relacionados   con   la   optimización   del

uso del agua subterránea, la protección de los acuíferos o la corrección de los problemas derivados de una mala planificación hídrica.     Estas limitaciones, son resueltas en gran medida con la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, al recoger en su articulado entre otras acciones, la implantación de redes de observación de los niveles piezométricos del agua subterránea y de la calidad, así como de los volúmenes de aguas extraídas; la elaboración de normas de explotación de los acuíferos y de perímetros de protección de los acuíferos, así como de las áreas de recarga, de las captaciones destinadas al abastecimiento urbano, y de los espacios naturalezas y zonas húmedas; además de otras medidas adicionales como: ahorro de agua, mejora de las infraestructuras de distribución, etc. Son conocidas las pérdidas que se originan en las conducciones de aguas destinadas al suministro urbano, en ocasiones superiores al 40%, y las destinadas a la actividad agrícola, no evaluadas pero posiblemente muy superiores a las urbanas debido a la antigüedad y deterioro de muchas de las infraestructuras.